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Asociación Abogados ProBono México

Acceso efectivo a la justicia de los ciudadanos más desprotegidos y grupos vulnerables asistiéndole de manera INTEGRAL con asesorías nutricionales, terapias psicológicas e inclusive de actividades de disciplina física y mental.

Misión y Visión

  • Misión

    Ser una institución integrada por abogados humanistas dedicados a asesorar y representar a hombres y mujeres en estado vulnerable ante los Tribunales locales del país de manera gratuita o con costos por debajo del arancel dependiendo de su condición económica.

    Dar atención de calidad eficiente, eficaz y humana al representado, con la mayor celeridad posible en la resolución de controversias judiciales y extrajudiciales; así como la negociación de conflictos para evitar y prevenir la interposición de juicios.

    Además de ayudar de manera INTEGRAL al representado con asesorías psicológicas, nutricionales y actividades de disciplina física y mental, en la inteligencia de que estamos convencidos que el ser humano no solo requiere de ayuda jurídica para resolver sus conflictos sino de un conjunto de atenciones físicas, psicológicas y alimenticias que ayude a tomar decisiones adecuadas para su beneficio y el del Estado. 

  • Visión

    Reducir y concluir el número de juicios interpuestos ante los órganos jurisdiccionales, ayudando a las Defensorías Públicas a disminuir el porcentaje de atención de casos y costos tanto para el ciudadano como para el Estado y descongestionando así los tribunales locales.

    Ser la primera institución jurídica integral que ayude y fortaleza al ser humano a tener una mejor calidad de vida tanto jurídica, mental como humana.

    Coadyuvar con al Estado en la prestación de las garantías individuales que señala los artículos Cuarto y Décimo Séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la prestación de servicios comunitarios tendientes a alcanzar la igualdad de las personas en la vida social, económica, jurídica y de nutrición. 

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Áreas

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JURÍDICA

Integrada por abogados y pasantes con calidad humana, especialistas en materia: civil, penal, familiar y laboral, los cuales asesoran y representan ante los tribunales locales, con calidad, seriedad, responsabilidad y EMPATIA hacia su representado las veces que sean necesarias.  

TERAPÉUTICA

Integrada por Psicólogos humanistas. Ya sea con terapias individuales o grupales, actualmente se llevan a cabo dentro de las instalaciones. Así como talleres de sanación espiritual y psicológica que han dado como resultado el mejoramiento de las condiciones psicológicas, de seguridad y afectivas de nuestros representantes en un tiempo de seis meses, demostrado con dictámenes iniciales, de intermediación y finales con técnicas preestablecidas en psicología. 

DE SALUD

Integrada por Nutriólogos para ayudar al mejoramiento de los hábitos alimenticios, revisando y proporcionando consejos y dietas alimenticias de quien lo requiera.

DE DISCIPLINA FÍSICA Y MENTAL

Instructores encargados de enseñar la practica del deporte y sus beneficios. Con esta practica y en paralelo con las terapias psicológicas nos ayuda a que el representado desarrolle su seguridad, su atención, memoria y bienestar logrando con ello mejorar su carácter y una mayor autoestima para la toma de sus decisiones, si bien es cierto que la asesoría y orientación que le puede brindar un abogado es un factor muy importante, también es cierto que, si se encuentra de un estado depresivo muy difícilmente podremos obtener resultados favorables ante los tribunales.

DE TRABAJO SOCIAL Y HUMANA

Integrada por Trabajadores sociales quienes se hacen cargo de analizar y canalizar la situación económica de cada interesado. 

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Exposición de motivos

Históricamente en nuestro país la desigualdad ha sido y, sigue siendo, una asignatura pendiente para lograr un efectivo estado de derecho. Aquélla permea en todos los ámbitos de la sociedad, sin embargo destaca la del acceso a la justicia, que es un derecho humano reconocido por convenciones internacionales y nuestro Texto Fundamental. 

Consideramos a nuestro sistema jurídico con serios problemas de vicios institucionales, de una lentitud pasmosa, de abuso de recursos legales y sobre todo de una carencia de humanidad y afinidad a los problemas del ciudadano, a ello se debe sumar, en gran parte relacionado con la sobre carga de trabajo, claro, lo cual es una aparente incongruencia si consideramos que el acceso a la justicia debe ser pronta, gratuita y eficaz por mandato constitucional, y es así por todos los gastos sustanciales de los juicios, como son gastos notariales, documentales, periciales y el principal los honorarios de abogados.

Ante este panorama es válidamente cuestionable la legitimidad del estado mexicano porque entre otras cosas, no garantiza un sistema legal igualitario: derecho de acceso a una justicia pronta y expedita para todos.

Ciertamente el estado ha creado diversas instituciones encargadas de facilitar el acceso como son CONDUSEF, PROFECO, IFDP, PRODECON, CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVAS, CENTROS DE APOYO A LA MUJER y defensorías de oficio en las entidades federativas, sin embargo son insuficientes y de alcances limitados. Un reciente estudio nos informa que en promedio un abogado de oficio en las entidades federativas conoce de más de doscientos casos al año, aunado a las condiciones económicas y materiales en que prestan sus servicios, lo cual es inconcuso redunda en un servicio de bajísima calidad.

En este sentido es cuestionable la calidad profesional de algunos de ellos, así como su desapego ético, quizá entre otros factores por la ausencia de exámenes y controles rigurosos de sus servicios, lo cual trasciende mayormente a las personas que no tienen los recursos económicos para pagar servicios legales con calidad reconocida. Aquí es oportuno recordar que más del cincuenta por ciento de la población mexicana vive en la pobreza, acorde con cifras de CONEVAL. 

Asimismo, las excesivas formalidades y el complejo entramado de leyes ha provocado acumulación de asuntos para los tribunales, ejemplo se encuentra en el Segundo Censo de Impartición de Justicia Federal, del cual resalta el número de casi un millón de asuntos ingresados a los tribunales en el año de 2013. 

En un estudio reciente acerca del estado de derecho del World Justice Proyect nuestro país ocupó el lugar 79 de 99 y en un análisis recurrente del Banco Mundial 2002 a 2012, México empeoró en sus Indicadores Globales de Gobernanza. 

Específicamente el Instituto de Defensoría Pública Federal, si bien es cierto cuenta con abogados con sólida formación profesional, que conocen de asuntos penales federales y el resto de materias legales, también federales, carece de facultades para conocer en representación legal de personas de escasos recursos, cuando acuden a solicitar servicios que no sean precisamente del ámbito federal, que desafortunadamente, son la mayoría.  

Ahí es donde pudieran participar las defensorías locales, y existen diversos estudios que dan cuenta de que, en parte por el número de asuntos atendidos, sus servicios no son óptimos. A manera de ejemplo un análisis muestra como en un año la defensoría de oficio del D.F. conoció más de veinticinco mil asuntos, y sólo obtuvieron 87 sentencias absolutorias, el 99.65 por ciento de los asuntos fueron perdidos. 

Y, muy probablemente, en las demás materias del Derecho, asuntos en los cuales fueron una de las partes, personas que no tienen recursos suficientes, como pensiones alimenticias, sucesiones, controversias de arrendamiento y otras los números sean similares.  

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Qué hacemos



Existe un gran numero de personas vulnerables, algunos con una baja autoestima o depresión, con problemas alimenticios y además jurídicos; por poner un ejemplo: mujeres que son amas de casa con dependencia económica y emocional hacia su pareja, que además sufren de sobrepeso o desnutrición, incluso son víctimas de violencia física, económica y psicológica. 

Este tipo de personas y con conflictos familiares inician siempre con una demanda civil o penal hacia su pareja y simplemente no la concluyen por no tener los recursos económicos para pagar los honorarios de un abogado, ni el tiempo suficiente, en su caso, para darle continuidad con el defensor de oficio, ya que estos se encuentran con un gran número de casos y a veces es imposible atender a todos con la rapidez y calidad que se requiere, siendo el interesado el que se encarga de revisar y gestionar en juzgados todo lo concerniente a su juicio. 

Personas embarazadas o con niños, personas de la tercera edad son los más vulnerables, y que día a día son los que vemos en juzgados peleando por sus derechos o el de sus familiares. Sin embargo al poco tiempo desisten por no tener el tiempo suficiente para hacer el trabajo del abogado.  

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Si bien es cierto existe un gran número de abogados que dan asesoría gratuita, pero al momento de representarlos les cobran honorarios que no pueden pagar o una práctica muy común es, ayudarles a redactar sus escritos por un bajo costo y que el interesado sea el que gestione, revise y atienda su juicio ante los tribunales, donde a su vez son mal tratados.

Aún cuando existan, defensorías de oficio, instituciones o universidades que tengan la práctica de asesoría jurídica gratuita o inclusive Centros de Justicia Alternativa para la Mediación de Conflictos, en la actualidad no es suficiente; por tal motivo mediante esta Asociación Pro Bono, queremos contribuir con el Estado para disminuir la desigualdad que presentan los sectores más desfavorecidos y débiles de la sociedad y que afecta económica, social, cultural y políticamente a nuestro país. 

La atención y servicios que brinda esta Asociación es INTEGRAL, donde al tiempo que se le asesora y representa jurídicamente, se le otorga atención psicológica y espiritual para que en conjunto se obtengan mejores resultados; nutricional y de actividades de disciplina física y mental (No mentir, no robar, no violencia, no apegos, satisfacción, disciplina, limpieza física y mental) porque el ser humano es un todo, cuerpo, mente y espíritu y sus decisiones son tomadas en base a la estabilidad de todo su ser, mismas que influyen directamente en la sociedad. 

Procuración de fondos

  • Mediante donaciones de personas físicas y morales
  • Apoyos económicos y administrativos públicos tanto federales como estatales.
  • Aportaciones del beneficiario mediante costos de bajo impacto, dependiendo del nivel que se le haya proporcionado previamente al estudio socioeconómico que se le haya aplicado, que va del 0 (sin costo) hasta el nivel 10.
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Miembros



miembro
Licenciada Ana Silvia Ramírez Martínez

Licenciada en derecho. Egresada de la Universidad Autónoma de México, con estudios de maestría en la Universidad de Estudios en Posgrado de Derecho. Abogada litigante con experiencia en la Administración Pública Estatal, en derecho corporativo, administrativo y familiar.

MIEMBRO
Contador Público Martha Leticia Ramírez Martínez

Egresada por la Universidad Tecnológica de México, con estudios en posgrado de la misma institución, especialista en finanzas. Contadora, empresaria y socia del despacho Consultoría, Contable, Fiscal y Financiera. 

MIEMBRO
Licenciada en psicología Clínica Victoria Leticia Sierra Juárez

Egresada de la Universidad del Valle de México, con estudios de maestría en la Universidad Autónoma de México y con apostolado de sanación psicológica y espiritual.

Colaboradores



colaborador
Nohemí López Ramírez

Maestra en Nutrición Deportiva por la Universidad Europea de Madrid y la Universidad del Valle de México. 

COLABORADOR
Verónica Hernández Guadarrama

Maestra Consultora en cultura organizacional y políticas de igualdad y equidad de género. 

COLABORADOR
Raquel Donaji González Tinoco

Licenciada en derecho, titular del despacho Tinoco & Asociados, especialista en materia penal, civil y familiar. 

COLABORADOR
José Antonio Quevedo Carmona

Licenciado en Contaduría. Especialista en planeación estratégica global de operación y política . 

COLABORADOR
Marisol Sánchez Vega

Licenciada en derecho. Abogada en la Notaría 196 del licenciado Erick. S. Pulliam Aburto. 

COLABORADOR
Laura Angélica Velázquez Ocampo

Licenciada en informática. Project Management Professional, con experiencia en el sector público y privado, en la gestión de proyectos en su alcance, costo, calidad y riesgos. 

COLABORADOR
Israel Noé Fragoso Sánchez

Empresario y publicista en Constanza Publicidad, S.A. de C.V. Especialista en planeación e implementación estratégica en publicidad. 

COLABORADOR
Yenia Abrego

Licenciada en Diseño Gráfico. Egresada de la Universidad Tecnológica de México. Creativo en Editorial, web y comunicación interna. 

COLABORADOR
Héctor Manuel Arias Flores

Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios en posgrado en la Universidad Panamericana y la Universidad Nacional de México. Abogado, con experiencia en la Administración Pública Federal y Estatal, especializado en el área administrativa y fiscal, civil y de amparo. 

COLABORADOR
Ricardo Ramírez Martínez

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, con Diplomado en Telcomunicaciones en ITESM, Especialista en IT y Tecnología de Medios Digitales.